Perú-DENUNCIA DE LA MASACRE DE BAGUA

12.08.09 - PERÚ Denuncia acusa oficiales de la Policía Nacional por la Masacre de Bagua Karol Assunção * Adital -

Todo indica que los responsables de la "Masacre de Bagua" - ocurrido en Perú - no podrán salir impunes. De acuerdo con un comunicado divulgado hoy (12) por el Movimiento Cumbre de los Pueblos, la representante del Ministerio Público, Luz Rojas, presentó un informe en el cual prueba que la policía utilizó "armas de fuego contra indígenas amazónicos que sólo portaban objetos contundentes, como piedras y palos". En la ocasión, Rojas pide al juez Ernesto Orellana, del Segundo Juzgado de Utcubamba, que inicie un proceso contra los 16 oficiales de la Policía Nacional acusados de homicidio calificado y de lesiones graves contra los indígenas peruanos. De acuerdo con el comunicado del Movimiento, la denuncia termina con las mentiras expuestas por el Estado "para intentar justificar la Masacre de Bagua: que los indígenas iniciaron los actos violentos, que hubo sacerdotes y periodistas agitadores, que fue producto de una conspiración internacional". La acción fue celebrada por Movimientos y organizaciones sociales, que piden además, según el comunicado, la responsabilidad penal de los autores intelectuales del conflicto, a saber: la ex-ministra del Interior, Mercedes Cabanillas; el ex-presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon; y el Presidente peruano, Alan García. El mismo pedido también fue difundido por el portavoz de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Carlos Nava, quien en declaraciones a La Primera, agregó además al Ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, en la lista de los que deberían ser culpados. El Movimiento Cumbre de los Pueblos, a su vez, rechaza la "pretensión ilegal de transferir el caso y a los indígenas injustamente procesados, hacia Lima". Además pide el "fin de la persecución de los dirigentes de la Aidesep y, en particular, por la vida y la libertad de Apu Santiago Manuin, gravemente herido, a quien pretenden transferir hacia una cárcel." Conocida como "Masacre de Bagua", el conflicto entre indígenas y agentes del Estado ocurrió en Bagua y en la Curva del Diablo, en Perú, el día 5 de junio de este año, cuando autoridades peruanas respondieron con violencia al bloqueo que grupos indígenas y pueblos amazónicos mantenían en el camino de acceso a Bagua. En la ocasión, los manifestantes protestaban por la derogación de los decretos del Tratado de Libre Comercio (TLC) que violaban sus derechos. El conflicto terminó con más de 50 personas muertas y heridas. "La Masacre de Bagua no es un hecho aislado: es el punto más visible de una sistemática política de discriminación, exclusión y criminalización de los Pueblos indígenas andinos y amazónicos. Y los responsables de esa política deben ser levados a juicio y sancionados", concluye el Movimiento. Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com * Periodista de Adital

PERÚ - LA SANGRE FLUYE EN EL AMAZONAS

Perú - La sangre fluye en el Amazonas James Petras * Adital -

A principios de junio el presidente peruano Alan García, aliado de Barack Obama presidente de EEUU, envió blindados de transporte, helicópteros con artillería, cientos de buques fuertemente armados, y tropas de asalto para dispersar una manifestación pacífica y legal, una protesta organizada por los miembros de las comunidades indígenas de la Amazonía del Perú que rechazaban la entrada de multinacionales mineras en sus tierras tradicionales. Decenas de indígenas fueron asesinados o están desaparecidos, decenas han sido heridos y detenidos por la policía peruana, mantenidos como rehenes. El presidente García declaró la ley marcial en la región a fin de hacer cumplir su mandato unilateral e inconstitucional de concesión de derechos de explotación de la minería a empresas extranjeras, lo que viola la integridad de las tierras comunales de los indígenas amazónicos.

Alan García no es extraño a las matanzas patrocinadas por el gobierno. En junio de 1986, ordenó a los militares bombardear a los prisioneros hacinados en las cárceles de la capital con cientos de presos políticos que protestaban contra las condiciones de su encierro , resultando más de 400 las víctimas conocidas. Más tarde, la existencia de siniestras fosas comunes reveló decenas más. Esta notoria masacre tuvo lugar mientras García era el anfitrión de una reunión en Lima de la denominada "Internacional Socialista Internacional". Su partido político, el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), un miembro de la «Internacional», se vio ante la vergüenza de la exhibición pública de sus tendencias "nacional-socialistas", ante cientos de funcionarios del Partido Socialdemócrata Europeo. Acusado en 1990 de apropiación indebida de fondos del gobierno y dejar su cargo con una tasa de inflación de casi 8.000%, acepto apoyar a candidato presidencial Alberto Fujimori a cambio de una amnistía. Cuando Fujimori impuso una dictadura de en 1992, García se auto-exilió en Colombia y más tarde en Francia. Regresó en 2001, cuando los cargos en su contra habían prescripto y Fujimori se vio obligado a renunciar en medio de acusaciones de crear escuadrones de la muerte y espionaje contra sus adversarios. García ganó las elecciones presidenciales de 2006 en una segunda vuelta contra el candidato indigenista y nacionalista ex oficial del Ejército Ollanta Humala, gracias al apoyo financiero y a los medios de comunicación de la derecha de Lima, los oligarcas descendientes de europeos, y las agencias de "ayuda" de EE.UU. Ya en el poder, García no dejó dudas acerca de su programa político y económico. En octubre de 2007 anunció su estrategia de colocar a las multinacionales mineras en el centro de su programa económico de "desarrollo", mientras justificaba el brutal desplazamiento de los pequeños productores de las tierras comunales y pueblos indígenas en el nombre de "modernización". García presionó al Congreso para aceptar el ALCA promovido por EEUU. Perú fue uno de tres únicos países de América Latina en apoyar esa propuesta de los EE.UU., y se abrió al saqueo sin precedentes de recursos, mano de obra, tierra y mercados por las multinacionales. A finales de 2007, García empezó a conceder enormes extensiones de tierras tradicionales de los indígenas en la región del Amazonas para la explotación de la minería y la energía a multinacionales extranjeras. Esto fue una violación del acuerdo de la OIT de 1969 que obliga al gobierno peruano a consultar y negociar con los indígenas lo que tenga que ver con la explotación de sus tierras y ríos. Bajo su política de "puertas abiertas", el sector de la minería de la economía se expandió rápidamente y obtuvo enormes ganancias a partir del récord mundial de precios de productos básicos y aumento de la demanda de materias primas por parte de Asia (China). Las empresas multinacionales fueron atraídas por la baja de impuestos y un prácticamente libre acceso al agua con cánones baratos y la subvención del gobierno a las tarifas de electricidad. La suspensión de los reglamentos ambientales en estas regiones ecológicamente frágiles, aumenta la contaminación de los ríos, aguas subterráneas, el aire y el suelo en los alrededores de las comunidades indígenas. El envenenamiento provocado por las operaciones mineras, llevó a la muerte en masa de peces y hacen que el agua no sea apta para beber. El diezmado de bosques tropicales socava el sustento de decenas de miles de pobladores que participan en el trabajo artesanal tradicional de subsistencia, en la recolección forestal y las actividades agrícolas. Los beneficios de la bonanza de la minería van principalmente a las empresas extranjeras. El régimen de García distribuye los ingresos del Estado a sus partidarios financieros y especuladores inmobiliarios, los importadores de artículos de lujo y la camarilla política en la Lima fuertemente custodiada de barrios residenciales y clubes exclusivos. Mientras los márgenes de beneficio de las multinacionales llegan a un increíble 50% y los ingresos del gobierno superan los mil millones de dólares, las comunidades indígenas carecen de caminos pavimentados, agua potable, servicios básicos de salud y escuelas. Peor aún, han experimentado un rápido deterioro de su vida cotidiana porque la afluencia de capital minero provocó un aumento de los precios de los alimentos básicos y medicinas. Incluso el Banco Mundial en su Informe Anual para 2008 y el Financial Times de Londres, instaron al régimen de García a hacer frente a la crisis y el descontento creciente entre las comunidades indígenas. Delegaciones de las comunidades indígenas habían viajado a la ciudad de Lima para tratar de establecer un diálogo con el Presidente a fin de evitar la degradación de sus tierras y comunidades. Los delegados se encontraron con las puertas cerradas. García sostuvo que "el progreso y la modernidad proviene de las grandes inversiones realizadas por las multinacionales..., (y no) los pobres campesinos que no tienen un centavo para invertir ". Interpretó los llamamientos al diálogo pacífico como un signo de debilidad de los habitantes indígenas de la Amazonía y aumentó las sus concesiones de explotación a las multinacionales extranjeras, incluso más adentro en el Amazonas. Cortó prácticamente toda posibilidad de diálogo y compromiso con las comunidades indígenas. La respuesta de las comunidades indígenas amazónicos fue la formación de la Asociación Inter-étnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Se celebraron protestas públicas por más de 7 semanas que culminaron en el bloqueo de dos carreteras transnacionales. Esto enfureció a García, quien se refirió a los manifestantes como "salvajes y bárbaros" y envió unidades policiales y militares para reprimir la acción de masas. Lo que García no tuvo en cuenta fue el hecho de que una proporción significativa de los hombres indígenas en esas aldeas se había desempeñado como conscriptos en el ejército que peleó en la guerra de 1995 contra Ecuador, mientras que otros habían sido entrenados en la defensa de la autonomía local por las organizaciones de la comunidad. Estos veteranos combatientes no se dejaron intimidar por el terror del Estado y su resistencia ante los primeros ataques de la policía resultó en bajas de ambos bandos, la policía y los indígenas. García declaró "la guerra a los salvajes" y envió una gran fuerza militar con helicópteros, blindados y tropas con órdenes de "tirar a matar". Los activistas de la AIDESEP cuentan más de un centenar de muertos entre los manifestantes indígenas y de sus familias: los indios fueron asesinados en las calles, en sus hogares y lugares de trabajo. Se cree que los restos de muchas víctimas han sido arrojados en las quebradas y ríos. Conclusión Como era previsible el régimen de Obama no emitió ni una sola palabra de preocupación o de protesta ante una de las peores masacres de civiles en esta década perpetrada por uno de sus más cercanos aliados en América Latina. García, tomando su libreto de una conversación con el Embajador de los EE.UU., acusó a Venezuela y Bolivia de haber instigado el "levantamiento indígena", citando como "prueba" una carta de apoyo que el presidente de Bolivia Evo Morales envió a una conferencia intercontinental de las comunidades indígenas celebrada en Lima en mayo. Se impuso la ley marcial y toda la región amazónica del Perú está siendo militarizada. Están prohibidas las reuniones y los miembros de las familias tienen prohibida hasta la búsqueda de sus parientes desaparecidos. A lo largo de América Latina, las principales organizaciones indígenas han expresado su solidaridad con los movimientos indígenas del Perú. En ese país, los movimientos sociales, sindicatos y grupos de derechos humanos han organizado una huelga general para el 11 de junio. Temiendo la propagación de las protestas masivas, El Comercio, el diario conservador de Lima, aconsejó a García adoptar algunas medidas de conciliación para evitar un levantamiento urbano generalizado. Un día antes, el 10 de junio, se declaró una tregua, pero las organizaciones indígenas se negaron a poner fin al bloqueo de las carreteras a menos que el gobierno derogue su decreto de concesión ilegal de tierras. En el ínterin, un extraño silencio se cierne sobre la Casa Blanca. Nuestro Presidente, el habitualmente bullanguero Obama, experto en recitados acerca de la diversidad y la tolerancia y alabar la paz y la justicia, no puede encontrar en su secuencia de frases preparadas, una sola para condenar la matanza de decenas de habitantes indígenas de la Amazonía peruana. Cuando se cometen graves violaciones a los derechos humanos en América Latina, EE.UU. respalda a un presidente- cliente que sigue las fórmulas de Washington de "libre comercio", desregulación de la protección del medio ambiente y hostilidad hacia los países anti-imperialistas (Venezuela, Bolivia y Ecuador). Obama está a favor de la complicidad, no de la condena. * Profesor emérito de sociología en la universidad de Binghamton (N.Y.). Intelectual emblemático de la izquierda estadounidense; miembro de la conferencia ‘antiimperialista’ Axis for Peace (Red Voltaire)

LOS INDIGENAS NO DARAN MARCHA ATRAS HASTA QUE ALAN GARCIA ESCUCHE SUS REIVINDICACIONES

GARA > Idatzia > > Mundua Los indígenas no darán marcha atrás hasta que Alan García escuche su voz Los indígenas no darán marcha atrás hasta que el Gobierno de Alan García atienda sus demandas y derogue las leyes que permiten a las multinacionales explotar los recursos de la Amazonía, que representa un 60% del territorio peruano. Para hoy han convocado una marcha nacional, a la que se han sumado movimientos indígenas de Perú y países vecinos. El Congreso suspendió por 90 días el decreto 1.090, lo que no satisfizo a los indígenas. GARA Los indígenas dejaron claro que mantendrán las movilizaciones hasta que el Gobierno de Alan García no derogue el paquete de siete leyes, entre ellas la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que da amplios poderes a las multinacionales para explotar los recursos de la amazonía peruana. «No nos moveremos hasta que el Gobierno eche para atrás las leyes que afectan a nuestro territorio», declaró a AFP Hernán Kariaja, un apu (jefe) de la etnia candoshi.

Desde abril, las comunidades indígenas mantienen bloqueados media docena de puntos -una carretera, un puerto fluvial y un pequeño aeródromo entre otros- de la Amazonía, que representa el 60% del país. Aunque no es nada espectacular, ha tenido un gran impacto. Isabel Ortiz, líder de la etnia shabi, explicó que numerosos empresarios procedentes de Lima han llegado en los últimos tiempos a la región para supervisar los terrenos y hacer firmar papeles a los indígenas «que no saben ni leer ni escribir. Les obligan a poner sus huellas dactilares y luego los expulsan». «Estamos cansados. No daremos marcha atrás porque se trata de nuestras tierras», exclamó. El Congreso peruano decidió ayer suspender durante 90 días la entrada en vigor del decreto 1.090. Esta medida no satisface a los indígenas que llevan reclamando desde mayo que se derogue definitivamente. «No se ha derogado, es una confusión. Lo que han hecho es una suspensión de los decretos, que es justamente lo que no querían los nativos», destacó la corresponsal de Telesur en Lima, Verónica Insausti, en la página web de la emisora latinoamericana. «Lo que ha hecho el partido del APRA [la formación del presidente Alan García] ha sido suspender los decretos, mas no derogarlos», insistió Insausti. La oposición peruana destacó que este decreto supone un ataque a la soberanía nacional, puesto que están vinculados al Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con EEUU. A lo largo de la semana, el Gobierno de Alan García ha recibido una larga lista de críticas de muy diversos organismos. La última la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, tras condenar «enérgicamente» lo ocurrido, le recordó al Estado que «la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de la represión directa a los manifestantes o de la investigación y proceso penal, es incompatible con una sociedad democrática». Le instó además a «esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias» El mandatario peruano, sin embargo, salió en defensa de la actuación del Gobierno y de la Fiscalía que, a su juicio, ha hecho bien en denunciar a los líderes indígenas de las protestas porque «no se puede instigar y engañar diciendo que los nativos van a perder sus tierras». La Cancillería, mientras, resaltó «la gran tradición de promoción y protección de los derechos» de Perú. Alegó, asimismo, la existencia de «versiones tergiversadas que han circulado y desinforman completamente». La Conaie califica de «deplorable» la situación en la Amazonía La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) condenó «la violencia de Estado en Perú contra los hermanos indígenas» e hizo un llamamiento a la comunidad internacional a sancionar a «los responsables». Asimismo, calificó de «deplorable la situación de los derechos humanos» en la Amazonía peruana. El dirigente de los Territorios de la Conaie, Luis Yampis, resaltó que las acciones de los indígenas fueron pacíficas y criticó la falta de diálogo por parte del Gobierno. Denunció que en la Amazonía «se estaría impidiendo el derecho a la libre circulación, a las actividades cotidianas de pesca, siembra y recolección». «Detrás de estos hechos están las pretensiones de abrir un camino de impunidad y depredación, beneficiando a empresas diversas como Perenco y Oxy, que fueron expulsadas de Ecuador», subrayó. Tras la rueda de prensa, integrantes de la Conaie, acompañados por medio centenar de personas, realizaron un plante ante la embajada de Perú en Quito. En las pancartas se podían leer lemas como «No somos criminales... Defendemos la vida y la naturaleza». En Euskal Herria, Komite Internazionalistak, Askapena y Ekologistak Martxan han convocado para hoy a las 19.30 una concentración frente al consulado peruano en Bilbo para denunciar «el genocidio que está practicando contra los pueblos originarios». GARA ¡¡¡POR EL DERECHO DE LOS INDIGENAS PERUANOS, A CONSERVAR Y PRESERVAR SUS RECURSOS MINEROS, PETROLIFEROS...! ¡¡¡ALAN GARCIA DIMISION , Y JUICIO INTERNACIONAL POR VULNERACION SISTEMATICA DE DERECHOS Y GENOCIDIO PERPETRADO HASTA AYER!. ¡VIVA PERU Y LOS PERUANOS,.!!!

PERU: GOBIERNO DECLARA "ESTADO DE EMERGENCIA" EN TERRITORIOS INDIGENAS

Perú: Gobierno declara "Estado de Emergencia" en territorios indígenas

"El decreto represivo explica que las actividades de las empresas extractoras que operan en los territorios indígenas del caso son de ¿interés público?" "El viernes ocho se acuerda, el sábado nueve se publica y el domingo diez entra en vigor un Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Defensa, la Ministra del Interior, la Ministra de Justicia y el Ministro de Energía y Minas, decretando el Estado de Emergencia en diversos distritos de los Departamento de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas, las zonas indígenas donde se desarrolla una fuerte movilización desde hace un mes."

"...la movilización indígena, movilización que viene desarrollándose en las últimas semanas y que la declaración del estado de excepción intenta doblegar, reclama la derogación de nueve decretos extremamente lesivos para indígenas que se aprobaron sin consulta bajo la cobertura forzada de las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Gobierno para ¿facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos?."

Perú: Estado de Emergencia contra indígenas x Bartolomé Clavero El decreto represivo explica que las actividades de las empresas extractoras que operan en los territorios indígenas del caso son de ¿interés público?

El pasado miércoles seis de mayo el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) hizo público un pronunciamiento denunciando que el Gobierno ha emprendido la política de ¿agredir sin miramientos?. La respuesta gubernamental ha venido a confirmar el motivo de la denuncia. El viernes ocho se acuerda, el sábado nueve se publica y el domingo diez entra en vigor un Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Defensa, la Ministra del Interior, la Ministra de Justicia y el Ministro de Energía y Minas, decretando el Estado de Emergencia en diversos distritos de los Departamento de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas, las zonas indígenas donde se desarrolla una fuerte movilización desde hace un mes.

El decreto de declaración de tal estado de excepción explica en un enfático preámbulo que las actividades de las empresas extractoras que operan en los territorios indígenas del caso son de ¿interés público? al tiempo que guarda el más clamoroso silencio sobre los derechos de los pueblos que los habitan desde tiempos anteriores a la presencia no sólo de las empresas, sino también del Estado peruano mismo. El pronunciamiento de la AIDESEP se refiere a esto segundo: ¿En nuestros territorios no hemos consentido la presencia de empresa alguna, por no haber sido consultados de conformidad con lo que disponen las normas internacionales como el Convenio 169-OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del mundo?. No sólo se trata de una presencia humana, sino también del derecho que le corresponde a ser consultada conforme al ordenamiento internacional de los derechos humanos.

En concreto, la movilización indígena, movilización que viene desarrollándose en las últimas semanas y que la declaración del estado de excepción intenta doblegar, reclama la derogación de nueve decretos extremamente lesivos para indígenas que se aprobaron sin consulta bajo la cobertura forzada de las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Gobierno para ¿facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos?. El primero quedó habilitado durante buena parte del año pasado para promulgar decretos con pleno valor de ley sin control ninguno del Congreso, lo que se aprovechó para dictar unos cuantos contra los derechos de los pueblos indígenas, unos derechos que el propio Gobierno está comprometido internacionalmente a reconocer y garantizar.

En realidad eran once los decretos especialmente lesivos para indígenas, pero la movilización de hace diez meses ya condujo a la derogación de los dos peores. Para dirimir el problema de los restantes, a continuación se organizó en el Congreso una Comisión Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a la Problemática de los Pueblos Indígenas. En diciembre pasado emitió su Informe sobre los Decretos Legislativos vinculados a los Pueblos Indígenas promulgados por el Poder Ejecutivo en virtud de la habilitación dicha. Su recomendación fue la de que se tomara seriamente en consideración la derogación de todo ese manojo de decretos ?por ser contrarios al orden constitucional referido a las comunidades campesinas y nativas, así como al derecho a la identidad étnica y cultural, y a la aplicación e interpretación de tratados?, como principalmente el mencionado Convenio 169, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Frente a la misma posición favorable a acordar la legislación con la Constitución y el derecho internacional, posición que ha venido ganando terreno en el seno del Congreso, el Gobierno ha impedido hasta hoy que se proceda a dicho reajuste del ordenamiento peruano. La AIDESEP ha propuesto la formación de una Mesa de Diálogo entre partes a la que el Gobierno ha respondido con el Estado de Emergencia o, mejor dicho, con las agresiones ¿sin miramientos? que se comenzaron a acometer sin la cobertura de dicha declaración de excepción y así atropellando la Constitución no sólo en cuanto al reconocimiento de derechos indígenas, sino también respecto a las garantías de las libertades más elementales. La declaración de emergencia se vale de la Constitución, que es todavía la fujimurista, para permitir el atropello de todo derecho de personas, comunidades y pueblos indígenas en las zonas que se especifican.

El decreto de declaración de la excepción activa la previsión del inciso primero del artículo 137 de la Constitución, conforme al cual, para el ¿caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la Nación?, ¿dando cuenta al Congreso? y sin necesidad de su consentimiento, ¿puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio? durante el término máximo de sesenta días, prorrogables mediante nuevo decreto, sin más cautela sustancial que la de que ¿en ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie?. El Gobierno no se contenta además con restringir, sino que suspende en su totalidad tales derechos para ¿la ejecución de acciones inmediatas? de un carácter encima militar. Imagínese lo que puede hacerse con todo esto frente a indígenas bajo la presión de las empresas extractoras.

Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, ha descalificado la medida como ¿una clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano?. No es un juicio de intenciones. El decreto de excepción es transparente. Todo su preámbulo se dedica a exaltar el interés público de las empresas extractivas que están topando con una fuerte resistencia indígena en nombre, en cambio, de los derechos. Así de claro se plantea el conflicto por parte del propio Gobierno: intereses contra derechos.

Nota Para antecedentes, pueden verse las entradas ?Nación Camba, Pueblos Indígenas y Derecho Internacional en el Perú? (5/I/2009) y ?Enredo normativo y derechos indígenas en el Perú? (4/III/2009).

* Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas ( http://clavero.derechosindigenas.org/)

ALAI - Correspondencia de Prensa. germain5@chasque.net

Website: http://