17 JULIO: DIA DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL

17 de julio: Día de la Justicia Internacional, agenda pendiente en el Perú -Adital -

Hoy 17 de julio se celebra el Día Mundial de la Justicia Internacional, en honor a la fecha de adopción del Estatuto de Roma, instrumento que crea la Corte Penal Internacional (CPI). Actualmente, 108 países alrededor del mundo ya se han UNIDO A ESTE IMPORTANTE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL. Este apoyo al tratado demuestra el consenso global en aumento por asegurar que los más graves crímenes internacionales nunca más queden impunes y refuerza el compromiso de ciudadanos de todos los rincones del mundo por contribuir a la prevención de conflictos que involucren graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El apoyo sostenido de los gobiernos a la CPI ha sido crucial para su puesta en funcionamiento; muchos Estados han abogado activamente por el establecimiento de la Corte antes y después de la adopción del Estatuto de Roma.

En nuestra región este apoyo se demuestra con el hecho de que a la fecha sólo faltan 3 países latinoamericanos por ratificar el Estatuto de Roma. La CPI cuenta con jurisdicción sobre tres crímenes: el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Como una institución complementaria a las jurisdicciones penales nacionales, la CPI sólo podrá actuar cuando las cortes nacionales no puedan o no quieran hacerlo. La Corte no tiene una jurisdicción retroactiva y sólo está facultada para investigar situaciones ocurridas a partir de su la entrada en vigor del tratado, es decir, el 1 de julio de 2002.

El Perú se convirtió en Estado Parte en el 2002 y desde entonces han pasado 7 años que se encuentra pendiente de adecuar sus normas penales al Estatuto de Roma de la CPI. Esta propuesta legislativa se ha presentado en dos oportunidades (2006 y 2007) a fin de implementar los crímenes internacionales en nuestro ordenamiento jurídico interno, sin embargo esto no se ha concretado.

Cabe destacar que las disposiciones de cooperación con la CPI se han adoptado con el nuevo Código Procesal Penal. En este contexto, hacemos un llamado público al Estado peruano - en particular a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso- para que cumpla con esta obligación fundamental, pues esta situación afecta sustancialmente una adecuada protección de los derechos humanos de peruanos y peruanas.

Lima, 17 de julio de 2009 Centro de Asesoría Laboral del Perú - CEDAL

Comisión de Derechos Humanos - COMISEDH

Comisión Andina de Juristas - CAJ

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH

Coalición por la Corte Penal Internacional- CCPI

Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer - DEMUS [enviado por Quipu Informativo]

Bueno, decir en honor a la Verdad, que para Verguenza de los Españoles, el Gobierno Español de Zapatero Aliado con la Oposición del PP de Rajoy, también está faltando gravemente al Estatuto de Roma y al CPI, al tener una Proposición de Ley en curso para cambiar la Ley de Jurisdicción Universal en favor del Criminal Estado de Israel, pues cambiar esa Jurisdicción Universal permite que los Genocidas Israelíes queden impunes de los Crimenes contra la Humanidad cometidos en Territorios Palestinos y más recientemente en la Población Palestina de GAZA...; lo Dramático es que con este cambio de la Ley Jurisdiccion Universal quedarían impunes otros Genocidas Criminales en todo el Mundo como quedó impune anteriormente Pinochet, tales como Alan Garcia, Micheletti, Los Genocidas Marroquies respecto a los Saharawis,... Y siento verdadera Verguenza de que mi Gobierno incurra de forma Grave en Complicidad con Crimenes contra la Humanidad y de Guerra al dejar impunes a los Genocidas Criminales, cuando lo que sería de esperar precisamente fuera una Condena Unanime de los Tribunales Españoles y de los Gobiernos a estos Genocidas Criminales.

¿PARA QUE UNA COMISION "IMPARCIAL" SOBRE BAGUA?

¿Para qué una Comisión “Imparcial” sobre Bagua? Bartolomé Clavero Alai Amlatina El Gobierno peruano parece tomar la iniciativa. La ministra de Justicia, Rosario Fernández, ha anunciado que va a crearse la “comisión imparcial” de investigación de los sucesos de Bagua recomendada por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, con representación tanto indígena como internacional. El anuncio parece que no reza para otros miembros del Gobierno, pues siguen anticipando conclusiones por su cuenta. Y el Gobierno aún no se ha comprometido a poner en manos de parte imparcial tanto la composición como la definición de los términos de referencia de la Comisión. De otra forma, la imparcialidad misma resultaría radicalmente comprometida.

Por su parte, la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, se comporta como si ya contase con las conclusiones. Declara que presentará al Congreso “pruebas fehacientes” de la versión oficial de los acontecimientos de Bagua, la versión que sienta, como diría Federico García Lorca, que han muerto más guardias que cartaginenses y que además entiende este presunto dato como decisivo a la hora de calificar los hechos. La Ministra del Interior por lo menos es franca, pues puntualiza que dará “todas las explicaciones que me alcanza la Policía Nacional”. Aún más, la Ministra responsabiliza a indígenas, bajo la influencia de “un complot político”, de las muertes de Bagua conforme a tales explicaciones, las policiales, que tiene por “objetivas y veraces”. Con todo esto exime de toda responsabilidad al Gobierno. Sobre dichos supuestos, ¿qué idea puede tenerse sobre la necesidad, la entidad y el cometido de una Comisión imparcial?

Ha dicho más la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas: “La policía no actuó sola, porque previamente hubo coordinaciones funcionales con el Comando de las Fuerzas Armadas, en base a autorizaciones que se habían gestionado con esas resoluciones supremas”, resoluciones a las que ya se ha referido sin mayor especificación. Así reconoce una intervención militar que por otra parte ha sido evidente y que ha resultado fatal en la provocación de muertes. Lo importante resulta entonces que esta participación se la atribuya a “resoluciones supremas”, las cuales, en el caso y conforme a los términos de la Constitución, sólo pueden ser las procedentes en forma directa de la Presidencia de la República. El Gobierno presidido por Yehude Simon anda descoordinado, pero se guarda las espaldas. Si la Comisión imparcial, esa comisión que no haría falta según la Ministra del Interior, llega a apreciar alguna responsabilidad política por la masacre de Bagua, la misma ya se ve donde recae según también la Ministra del Interior, no en otra parte que en la misma Presidencia de la República, en el Presidente Alan García.

Por si no fuera poca la confusión producida por miembros del Gobierno entre el anuncio de la Comisión por la Ministra de Justicia y el anuncio de las conclusiones por la Ministra del Interior, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, echa su cuarto a espada. Declara que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) está en peligro poniéndose así en entredicho el crédito internacional del Perú. Ya se sabe que el Gobierno peruano, el encabezado por Jorge del Castillo con Alan García ya en la Presidencia de la República, sacó buen provecho de la entrada en vigor del TLC para hacerse habilitar por el Congreso con unos poderes legislativos extraordinarios, los poderes que le permitieron la promulgación de la serie de decretos masivamente lesivos de derechos, entre otros de derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.

Pues bien, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo arguye ahora que con la derogación ya habida de algunos decretos no sólo impugnados de parte indígena, sino también cuestionados por la Defensoría del Pueblo y por la Comisión Multipartidaria ad hoc del Congreso, detalles que la Ministra calla, “el Perú está incumpliendo” dicho tratado, con lo cual, añade, los Estados Unidos podrían imponer sanciones. Increíble, pero cierto, el argumento. Ante su misma inverosimilitud, es secundario, aunque significativo, que el Embajador de Estados Unidos en el Perú, Michael McKinley, se haya mostrado comprensivo con dicha rectificación respaldándolo a su modo incluso. Ha declarado: “Apoyamos (los Estados Unidos) los derechos de las comunidades a ser respetadas” conforme a lo que vaya a decidirse “entre el pueblo y el Gobierno peruanos”. La Ministra peruana en cambio pretende que ha tenido que enviar una delegación al Senado de Estados Unidos para explicar la derogación de unos decretos, lo cual es algo igualmente inverosímil a la luz de las propias obligaciones contraídas con el TLC.

Dice más la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz. Entendiendo siempre que así tranquiliza a los Estados Unidos, anuncia que su ministerio ya está apresurándose en la preparación de la legislación que sustituya a los decretos derogados. Resulta esto sorprendente porque, dada la materia, dicha tarea no es competencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y porque así además se sigue flagrantemente ignorando el derecho cuya conculcación ha generado toda esta crisis, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. Y la excusa es siempre la de urgencia de la satisfacción del libre comercio comprometido con los Estados Unidos. Hasta los Estados Unidos lo tienen ahora más claro. Este Gobierno del Perú parece estar buscando la complicidad con unos Estados Unidos que ya no existen, los Estados Unidos del Presidente George W. Bush.

¿Y dónde queda con todo la Comisión imparcial, una comisión que podría, entre otros resultados, conducir a una rectificación más amplia, bastante más amplia, de toda la legislación producida con la excusa de la puesta en práctica de TLC? Ésta es otra. El Gobierno peruano está dando por supuesto que la Comisión habrá de ocuparse estrictamente de los acontecimientos de Bagua, una acontecimientos a los que directísimamente se ha llegado a partir del

radical vuelco legislativo acometido con la excusa de puesta en marcha del TLC y mediante la brutal repercusión de este cambio en el desmantelamiento de las garantías de derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas tan elementales como el derecho a la tierra, al medio ambiente, a los recursos propios, a la salud o, en definitiva, a la vida. Si la Comisión no se ocupa de las causas de lo acontecido en Bagua, su labor será bastante vana.

El Gobierno aún se empeña en que han caído más guardias que cartagineses y en que es dato decisivo para eximirle de toda responsabilidad este que arroja un marcador manipulado en un partido entre muertos. Basta con que la Comisión se sitúe y recluya en este escenario macabro para que la impunidad siga reinando o, mejor dicho, presidiendo en el Perú. Tales son las perspectivas si la iniciativa de la formación de la Comisión se deja en manos del Gobierno o incluso del Congreso y no se toma de parte internacional.

De parte peruana, el problema impeditivo no es sólo de descoordinación patente, sino también y sobre todo de responsabilidades pendientes.

- Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1805

Más información: http://alainet.org/

MANIFIESTO DE ESCRITORES DE PERU Y DEL MUNDO. MASACRE EN LA AMAZONIA PERUANA.

Manifiesto de escritores de Perú y del Mundo sobre la masare en la Amazonía Peruana . Crónicas de Lugar Nuevamente el rostro lívido de la Bestia, el fascismo, último recurso del capitalismo asesino, desesperado por mantener sus privilegios seculares, masacra impunemente al pueblo peruano. Los señores del caucho se han reencarnado horrorosamente en los gobernantes de una república bananera: Alan García Pérez, el genocida de los penales, el Gabinete Ministerial en pleno, compinches de la masacre, los congresistas del APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo, mienten todos al pueblo peruano, insistiendo en que la población amazónica y sus dirigentes son los culpables de la masacre desatada con exclusiva responsabilidad de Alan García Pérez. El silencio tanto como la desidia nos vuelven cómplices del crimen y nosotros, un puñado de escritores asqueados del circo mediático racista que falsea la verdad de la matanza ordenada por Alan García Pérez, no queremos frenar nuestra lengua.

Hemos visto —no por los canales de televisión— cómo cientos de policías de la DINOES armados cual rambos cholos provocaron al pueblo amazónico. Hemos visto cómo decenas de francotiradores apostados en las azoteas de las casas tiraban a matar con fusiles de guerra iniciando así la carnicería, hemos visto y recibido informes de cómo helicópteros artillados bombardeaban al pueblo inerme, protegido tan sólo con lanzas y flechas [claro, son unos salvajes y feroces chunchos reducidores de cabezas] y si ese pueblo alzado, harto de mentiras y negociaciones estériles y mañosas, ha conseguido armas de fuego es porque en su arrojo se las arrebataron a brazo partido a policías protegidos por chalecos antibalas, expertos en debelar levantamientos, ¿o qué quiere la señora Cabanillas, que el pueblo se deje matar poniendo el pecho abierto como en tantos otros degolladeros realizados en contra de peruanos desarmados?

Encender la televisión o escuchar RPP en estos instantes provoca intensas arcadas. El cerco mediático racista tergiversa los hechos y se empeña brutalmente en demostrar que solamente son policías quienes han muerto en el genocidio. Lamentamos la muerte de esos policías manipulados por el poder corrupto. Pero, ¿quién en su sano juicio osaría defender un orden democrático pútrido en donde un policía o un maestro ganan menos de ochocientos soles y un congresista o ministro se embolsica veinte mil soles mensuales? ¿quién en su sano juicio puede creer que lanzas y flechas pueden más que fusiles de guerra, pueden más que helicópteros artillados, pueden más que granadas y bombas lacrimógenas?

Voluntarios belgas [http://catapa.be/en/north-peru-killings] y amigos presentes en el lugar de la masacre, nos envían fotos, vídeos y testimonios de la cacería desatada por el gobierno en contra de nuestros hermanos amazónicos. En emisoras de Loreto se habla de 150 pobladores asesinados y de la deserción de decenas de soldados, hijos de nativos masacrados. En estos momentos sabemos de buena fuente que las fuerzas del desorden están carbonizando los cadáveres con lanzallamas, están arrojando los cadáveres —que se niegan a devolver a los deudos— a los ríos y quebradas, están fusilando a los líderes indígenas capturados, están deteniendo a todo aquél que tenga “cara de indígena”, están amenazando a periodistas locales y regionales para que no difundan la espantosa verdad del genocidio. Luego el cerco mediático racista dirá que estos indígenas desaparecidos fueron delincuentes terroristas que se hicieron al monte, coronando así esa asociación funcional para el Estado criollo: indio, terrorista y delincuente.

Es el propio Estado criollo-burgués quien le ha declarado la guerra al pueblo alzado que reclama por el respeto de esa institucionalidad jurídica que el propio Estado dice defender cuando le conviene. El mentado DL 1090 es ANTICONSTITUCIONAL, no contempló jamás el mecanismo de consulta que manda el Convenio OIT 169 suscrito por el Estado criollo y que ahora desconoce. La tenebrosa jactancia de Yehude Simon Munaro no debería sorprendernos: “es el peor de los traidores”, dijo de él alguna vez el finado Alfonso Barrantes Lingán y muchos recuerdan su actitud servil frente al delincuente Kenya Fujimori para lograr prebendas cuando estaba preso por terrorismo. El absoluto cinismo de Alan García Pérez, Yehude Simon Munaro, Mercedes Cabanillas, Ántero Florez-Araoz, Javier Velásquez Quesquén, Rosario Fernández y el hipócrita oxapampino Antonio Brack Egg, causaría envidia a Diógenes llamado el Perro. El Estado criollo encarnado en estos miserables derrama nuevamente sangre inocente de los que sólo tienen su tierra y sus selvas y sus ríos y ni eso quieren dejar estos miserables porque todo se compra y todo se vende en esta democracia de chiquero, porque así lo demandan las transnacionales norteamericanas y chilenas, porque así queda tranquilo San Dionisio Romero Seminario, el izquierdista del Opus Dei, porque si el perro del hortelano jode, entonces Alan García ordena matar al perro del hortelano.

Hace pocos días el escritor admirador de Sancho Panza [“un ciudadano mucho más respetuoso de la ley y del prójimo que su amo”, ha dicho del buen Sancho el entrometido novelista en Venezuela], Mario Vargas Llosa, garrapateó un artículo para rechazar una expresión [“el Perú no necesita Museos de la Memoria”] de Antero Florez-Araoz, Ministro de Defensa del régimen aprista, ex-funcionario del fujimorato y conocido ultraderechista del Partido Popular Cristiano. Pues bien, las ociosas palabras de Vargas Llosa no sirvieron de nada, pues como diría cualquier muchacho listo, Alan García se caga en la memoria, la reconciliación y cualquier concepto que remita a la paz nacional. En su ordinariez Florez-Araoz dijo algo que Vargas Llosa no acepta racionalmente, pero cala en lo más profundo de su ser, como lo demuestra el Informe Uchuraccay, en el cual el novelista tipifica a los uchuraccainos de bárbaros, primitivos, violentos y tutelables. Hace pocos días Vargas Llosa apareció por televisión abrazando al genocida Alan García Pérez, a quien antes despreciaba. Al parecer fue Vargas quien convenció a García de la conveniencia ante los ojos de la comunidad internacional de aceptar la creación del Museo de la Memoria. Con esta nueva matanza, Alan García le demuestra a Mario Vargas Llosa el gran interés que le anima por un Museo de la Memoria.

Deseamos dejar patente nuestra más enérgica repulsa por este orden injusto que se ha impuesto en nuestra patria desde el fujimorato. La imposición a sangre y fuego del MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL —ese que defiende Mario Vargas Llosa— ha causado la masacre de cientos de peruanos humildes de la Amazonía, una masacre que pudo ser evitada por los “señores autoridades”, quienes tan sólo han ratificado que la agresión, el desprecio y el olvido hacia las comunidades nativas amazónicas continúa como hace 500 años. Demandamos que el Estado criollo, corrupto y genocida, derogue los decretos de la muerte y demandamos la vacancia de la Presidencia de la República así como un juicio internacional por delito de genocidio contra Alan García Pérez y sus compinches del Gabinete Ministerial.

Si Julio Ramón Ribeyro fue lo suficientemente diplomático para amarrar su lengua cuando la matanza de los penales en el 1986 y no devolver la Orden del Sol impuesta por el genocida durante su primer gobierno, ¿Vargas Llosa se hará de los cojones necesarios para enfrentar públicamente a su nuevo amigo, el genocida Alan García, y exigir la vacancia inmediata de la Presidencia de la República? Esta vez ya no bastarán cartitas porque “la manera como se ha reprimido estos motines sugiere —por segunda vez—más un arreglo de cuentas con el enemigo que una operación cuyo objetivo era restablecer el orden”.

Un gran brujo amazónico, Ino Moxo, dijo hace mucho tiempo, “cuando pienso en Fitzcarrald y en sus mercenarios, cuando pienso que esos genocidas eran hombres, me dan ganas de nacionalizarme culebra”. Dudamos que el Vargas Llosa amigo de Aznar, Bush y Tatcher demuestre su pregonado humanismo y renuncie al encargo del genocida. Dudamos que el novelista desista a presidir la Comisión de Alto Nivel que desarrollará el proyecto del Museo de la Memoria: persistirá en el empeño, persistirá en la afrenta contra los cientos de pobladores masacrados por las balas asesinas del Estado criollo. A fin de cuentas ambos, García y Vargas, pertenecen al bando neoliberal y nosotros terminaremos con Ino Moxo nacionalizándonos culebra.7 de junio del 2009

Fotos http://catapa.be/en/node/335 Masacre en Bagua –Perú – Enfrentamiento entre Policias y Nativos Amazónicos

MASACRE Y GENOCIDIO DE NATIVOS INDIGENAS EN LA SELVA

Masacre y Genocidio de Nativos indígenas en la selva - Perú.- Filiación en vivo y directo Matanza en vivo y directo en la selva de Bagua masacre a nativos genocidio en vivo. Las cámaras aficionadas captan los precisos instantes de la balacera que el gobierno aprista de Alan García ordeno en contra de los nativos y pobladores de la amazonía, en la cinta pueden oírse ráfagas de metralleta, disparos consecutivos de fusiles. El resultado según las cifras de APRODEH llega a 10 cuerpos rescatados dado que luego de la batalla, los agentes de la DINOES no permitieron a los pobladores recoger los cadáveres, a decir de los testigos, una vez juntado los cadáveres los recogían en helicópteros llevándolos a destino desconocido para borrar la verdadera dimensión de este genocidio. Los cuerpos que se muestran solo son los recuperados.

ENFRENTAMIENTO ENTRE POBLACION Y LA POLICIA BAGUA Perú, ONU calificó de masacre la muerte de indígenas en Perú La masacre de Bagua Conspiración internacional contra Perú

PERÚ - LA SANGRE FLUYE EN EL AMAZONAS

Perú - La sangre fluye en el Amazonas James Petras * Adital -

A principios de junio el presidente peruano Alan García, aliado de Barack Obama presidente de EEUU, envió blindados de transporte, helicópteros con artillería, cientos de buques fuertemente armados, y tropas de asalto para dispersar una manifestación pacífica y legal, una protesta organizada por los miembros de las comunidades indígenas de la Amazonía del Perú que rechazaban la entrada de multinacionales mineras en sus tierras tradicionales. Decenas de indígenas fueron asesinados o están desaparecidos, decenas han sido heridos y detenidos por la policía peruana, mantenidos como rehenes. El presidente García declaró la ley marcial en la región a fin de hacer cumplir su mandato unilateral e inconstitucional de concesión de derechos de explotación de la minería a empresas extranjeras, lo que viola la integridad de las tierras comunales de los indígenas amazónicos.

Alan García no es extraño a las matanzas patrocinadas por el gobierno. En junio de 1986, ordenó a los militares bombardear a los prisioneros hacinados en las cárceles de la capital con cientos de presos políticos que protestaban contra las condiciones de su encierro , resultando más de 400 las víctimas conocidas. Más tarde, la existencia de siniestras fosas comunes reveló decenas más. Esta notoria masacre tuvo lugar mientras García era el anfitrión de una reunión en Lima de la denominada "Internacional Socialista Internacional". Su partido político, el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), un miembro de la «Internacional», se vio ante la vergüenza de la exhibición pública de sus tendencias "nacional-socialistas", ante cientos de funcionarios del Partido Socialdemócrata Europeo. Acusado en 1990 de apropiación indebida de fondos del gobierno y dejar su cargo con una tasa de inflación de casi 8.000%, acepto apoyar a candidato presidencial Alberto Fujimori a cambio de una amnistía. Cuando Fujimori impuso una dictadura de en 1992, García se auto-exilió en Colombia y más tarde en Francia. Regresó en 2001, cuando los cargos en su contra habían prescripto y Fujimori se vio obligado a renunciar en medio de acusaciones de crear escuadrones de la muerte y espionaje contra sus adversarios. García ganó las elecciones presidenciales de 2006 en una segunda vuelta contra el candidato indigenista y nacionalista ex oficial del Ejército Ollanta Humala, gracias al apoyo financiero y a los medios de comunicación de la derecha de Lima, los oligarcas descendientes de europeos, y las agencias de "ayuda" de EE.UU. Ya en el poder, García no dejó dudas acerca de su programa político y económico. En octubre de 2007 anunció su estrategia de colocar a las multinacionales mineras en el centro de su programa económico de "desarrollo", mientras justificaba el brutal desplazamiento de los pequeños productores de las tierras comunales y pueblos indígenas en el nombre de "modernización". García presionó al Congreso para aceptar el ALCA promovido por EEUU. Perú fue uno de tres únicos países de América Latina en apoyar esa propuesta de los EE.UU., y se abrió al saqueo sin precedentes de recursos, mano de obra, tierra y mercados por las multinacionales. A finales de 2007, García empezó a conceder enormes extensiones de tierras tradicionales de los indígenas en la región del Amazonas para la explotación de la minería y la energía a multinacionales extranjeras. Esto fue una violación del acuerdo de la OIT de 1969 que obliga al gobierno peruano a consultar y negociar con los indígenas lo que tenga que ver con la explotación de sus tierras y ríos. Bajo su política de "puertas abiertas", el sector de la minería de la economía se expandió rápidamente y obtuvo enormes ganancias a partir del récord mundial de precios de productos básicos y aumento de la demanda de materias primas por parte de Asia (China). Las empresas multinacionales fueron atraídas por la baja de impuestos y un prácticamente libre acceso al agua con cánones baratos y la subvención del gobierno a las tarifas de electricidad. La suspensión de los reglamentos ambientales en estas regiones ecológicamente frágiles, aumenta la contaminación de los ríos, aguas subterráneas, el aire y el suelo en los alrededores de las comunidades indígenas. El envenenamiento provocado por las operaciones mineras, llevó a la muerte en masa de peces y hacen que el agua no sea apta para beber. El diezmado de bosques tropicales socava el sustento de decenas de miles de pobladores que participan en el trabajo artesanal tradicional de subsistencia, en la recolección forestal y las actividades agrícolas. Los beneficios de la bonanza de la minería van principalmente a las empresas extranjeras. El régimen de García distribuye los ingresos del Estado a sus partidarios financieros y especuladores inmobiliarios, los importadores de artículos de lujo y la camarilla política en la Lima fuertemente custodiada de barrios residenciales y clubes exclusivos. Mientras los márgenes de beneficio de las multinacionales llegan a un increíble 50% y los ingresos del gobierno superan los mil millones de dólares, las comunidades indígenas carecen de caminos pavimentados, agua potable, servicios básicos de salud y escuelas. Peor aún, han experimentado un rápido deterioro de su vida cotidiana porque la afluencia de capital minero provocó un aumento de los precios de los alimentos básicos y medicinas. Incluso el Banco Mundial en su Informe Anual para 2008 y el Financial Times de Londres, instaron al régimen de García a hacer frente a la crisis y el descontento creciente entre las comunidades indígenas. Delegaciones de las comunidades indígenas habían viajado a la ciudad de Lima para tratar de establecer un diálogo con el Presidente a fin de evitar la degradación de sus tierras y comunidades. Los delegados se encontraron con las puertas cerradas. García sostuvo que "el progreso y la modernidad proviene de las grandes inversiones realizadas por las multinacionales..., (y no) los pobres campesinos que no tienen un centavo para invertir ". Interpretó los llamamientos al diálogo pacífico como un signo de debilidad de los habitantes indígenas de la Amazonía y aumentó las sus concesiones de explotación a las multinacionales extranjeras, incluso más adentro en el Amazonas. Cortó prácticamente toda posibilidad de diálogo y compromiso con las comunidades indígenas. La respuesta de las comunidades indígenas amazónicos fue la formación de la Asociación Inter-étnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Se celebraron protestas públicas por más de 7 semanas que culminaron en el bloqueo de dos carreteras transnacionales. Esto enfureció a García, quien se refirió a los manifestantes como "salvajes y bárbaros" y envió unidades policiales y militares para reprimir la acción de masas. Lo que García no tuvo en cuenta fue el hecho de que una proporción significativa de los hombres indígenas en esas aldeas se había desempeñado como conscriptos en el ejército que peleó en la guerra de 1995 contra Ecuador, mientras que otros habían sido entrenados en la defensa de la autonomía local por las organizaciones de la comunidad. Estos veteranos combatientes no se dejaron intimidar por el terror del Estado y su resistencia ante los primeros ataques de la policía resultó en bajas de ambos bandos, la policía y los indígenas. García declaró "la guerra a los salvajes" y envió una gran fuerza militar con helicópteros, blindados y tropas con órdenes de "tirar a matar". Los activistas de la AIDESEP cuentan más de un centenar de muertos entre los manifestantes indígenas y de sus familias: los indios fueron asesinados en las calles, en sus hogares y lugares de trabajo. Se cree que los restos de muchas víctimas han sido arrojados en las quebradas y ríos. Conclusión Como era previsible el régimen de Obama no emitió ni una sola palabra de preocupación o de protesta ante una de las peores masacres de civiles en esta década perpetrada por uno de sus más cercanos aliados en América Latina. García, tomando su libreto de una conversación con el Embajador de los EE.UU., acusó a Venezuela y Bolivia de haber instigado el "levantamiento indígena", citando como "prueba" una carta de apoyo que el presidente de Bolivia Evo Morales envió a una conferencia intercontinental de las comunidades indígenas celebrada en Lima en mayo. Se impuso la ley marcial y toda la región amazónica del Perú está siendo militarizada. Están prohibidas las reuniones y los miembros de las familias tienen prohibida hasta la búsqueda de sus parientes desaparecidos. A lo largo de América Latina, las principales organizaciones indígenas han expresado su solidaridad con los movimientos indígenas del Perú. En ese país, los movimientos sociales, sindicatos y grupos de derechos humanos han organizado una huelga general para el 11 de junio. Temiendo la propagación de las protestas masivas, El Comercio, el diario conservador de Lima, aconsejó a García adoptar algunas medidas de conciliación para evitar un levantamiento urbano generalizado. Un día antes, el 10 de junio, se declaró una tregua, pero las organizaciones indígenas se negaron a poner fin al bloqueo de las carreteras a menos que el gobierno derogue su decreto de concesión ilegal de tierras. En el ínterin, un extraño silencio se cierne sobre la Casa Blanca. Nuestro Presidente, el habitualmente bullanguero Obama, experto en recitados acerca de la diversidad y la tolerancia y alabar la paz y la justicia, no puede encontrar en su secuencia de frases preparadas, una sola para condenar la matanza de decenas de habitantes indígenas de la Amazonía peruana. Cuando se cometen graves violaciones a los derechos humanos en América Latina, EE.UU. respalda a un presidente- cliente que sigue las fórmulas de Washington de "libre comercio", desregulación de la protección del medio ambiente y hostilidad hacia los países anti-imperialistas (Venezuela, Bolivia y Ecuador). Obama está a favor de la complicidad, no de la condena. * Profesor emérito de sociología en la universidad de Binghamton (N.Y.). Intelectual emblemático de la izquierda estadounidense; miembro de la conferencia ‘antiimperialista’ Axis for Peace (Red Voltaire)

PERU: PETROLEO, LA CAUSA DEL CONFLICTO

Perú: Petróleo, la causa del conflicto En una sola ronda de licitaciones Alan García otorgó concesiones para la explotación petrolera de 49 millones de hectáreas de la Amazonía Pedro Francke Servindi 24-5-2009 www.kaosenlared.net/noticia/peru-petroleo-causa-conflicto

La causa del conflicto en la Amazonía es el empecinamiento de Alan García en explotar todo el petróleo que hay allí, a como dé lugar, rápidamente. En una sola ronda de licitaciones otorgó concesiones para la explotación petrolera hasta que estas alcanzaron 49 millones de hectáreas de la Amazonía, el 72% de su territorio. Brasil, cuya área amazónica es mucho mayor que la nuestra, no tiene concesiones petroleras ni por la séptima parte que el Perú. Mucho menos Colombia, que también tiene un gobierno de derecha y neoliberal.

¿Es esta la mejor estrategia para nuestra economía? Recuérdese que el petróleo sólo puede extraerse, y venderse, una vez. Se agota. Es verdad que podríamos sacar el petróleo y luego invertirlo juiciosamente en favor de las generaciones actuales y futuras, pero cuando todo ese dinero está en manos de nuestros gobernantes, puede desaparecer con facilidad.

La corrupción prevaleciente en el Perú, como lo mostraron los petroaudios de Rómulo León y el “faenón”, indican que mejor es no sacar todo el petróleo a la vez, sino paulatinamente. Como dice el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz: “El subsuelo puede ser el mejor sitio para guardar esta riqueza, sobre todo si existe el riesgo de que el gobierno use esos ingresos para sus propósitos antes que para el bien público” (*).

Por otro lado, el haber concesionado de golpe enormes territorios tampoco es buena política. Refirámonos a Stiglitz nuevamente: “Cuando la competencia por los recursos es limitada -y sobre todo cuando se sabe que es limitada- el precio que prevalecerá será menor. Una forma de limitar la competencia es licitando súbitamente un gran número de lotes -aumentando la oferta de tal manera que la demanda por cada lote sea limitada” (*).

Imagínese, amigo lector, que usted fuera dueño de 50 edificios en Lima. ¿Remataría todos los departamentos en un solo día, vendiendo a cualquier precio? Ni siquiera en la bolsa de valores, donde hay miles de compradores, un inversionista pone a la venta cantidades muy grandes de acciones de la misma empresa en un solo día. Eso lo sabe hasta el corredor de bolsa más novato. Pero ese remate acelerado es precisamente lo que hizo este gobierno en el “faenón” del petróleo. Este remate se ha realizado sin ningún diálogo con los pueblos indígenas, por lo que violenta convenios internacionales suscritos por el Estado peruano.

La explotación petrolera viene generando, además, costos ambientales con efectos sobre la salud de los pueblos indígenas. En las 34 comunidades nativas de la zona de los ríos Tigres y Corrientes, donde opera Pluspetrol, el Ministerio de Salud encontró que el 98% de menores sobrepasa los límites aceptables de cadmio en la sangre. En muchas zonas, la explotación petrolera o maderera ha afectado la pesca y la caza, actividades básicas para la sobrevivencia de estos pueblos.

La actual protesta indígena se explica porque su salud y su vida están amenazadas y tienen la ley de su parte. Pero reconocer que tienen la razón facilitaría también promover otras opciones de desarrollo amazónico basadas en el aprovechamiento del agua, el bosque y la biodiversidad en alternativas como el turismo ecológico, la venta de la captura de gases invernadero y los bionegocios. Todo ello debe hacerse consultando a los pueblos amazónicos, nunca imponiéndoles a sangre y fuego decisiones tomadas en la capital. Notas:

(*) J. Stiglitz: “The role of the state” en J. Sachs, J. Stiglits y M. Humphreys “Escaping the resource curse”, páginas 15 y 31, traducción propia. —* Pedro Francke es economista, ex presidente de Foncodes. Actualmente es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica y Director de la revista “Bajo la Lupa”. Más información: América Latina Antiglobalización Ecología

PERU: GOBIERNO DECLARA "ESTADO DE EMERGENCIA" EN TERRITORIOS INDIGENAS

Perú: Gobierno declara "Estado de Emergencia" en territorios indígenas

"El decreto represivo explica que las actividades de las empresas extractoras que operan en los territorios indígenas del caso son de ¿interés público?" "El viernes ocho se acuerda, el sábado nueve se publica y el domingo diez entra en vigor un Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Defensa, la Ministra del Interior, la Ministra de Justicia y el Ministro de Energía y Minas, decretando el Estado de Emergencia en diversos distritos de los Departamento de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas, las zonas indígenas donde se desarrolla una fuerte movilización desde hace un mes."

"...la movilización indígena, movilización que viene desarrollándose en las últimas semanas y que la declaración del estado de excepción intenta doblegar, reclama la derogación de nueve decretos extremamente lesivos para indígenas que se aprobaron sin consulta bajo la cobertura forzada de las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Gobierno para ¿facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos?."

Perú: Estado de Emergencia contra indígenas x Bartolomé Clavero El decreto represivo explica que las actividades de las empresas extractoras que operan en los territorios indígenas del caso son de ¿interés público?

El pasado miércoles seis de mayo el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) hizo público un pronunciamiento denunciando que el Gobierno ha emprendido la política de ¿agredir sin miramientos?. La respuesta gubernamental ha venido a confirmar el motivo de la denuncia. El viernes ocho se acuerda, el sábado nueve se publica y el domingo diez entra en vigor un Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Defensa, la Ministra del Interior, la Ministra de Justicia y el Ministro de Energía y Minas, decretando el Estado de Emergencia en diversos distritos de los Departamento de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas, las zonas indígenas donde se desarrolla una fuerte movilización desde hace un mes.

El decreto de declaración de tal estado de excepción explica en un enfático preámbulo que las actividades de las empresas extractoras que operan en los territorios indígenas del caso son de ¿interés público? al tiempo que guarda el más clamoroso silencio sobre los derechos de los pueblos que los habitan desde tiempos anteriores a la presencia no sólo de las empresas, sino también del Estado peruano mismo. El pronunciamiento de la AIDESEP se refiere a esto segundo: ¿En nuestros territorios no hemos consentido la presencia de empresa alguna, por no haber sido consultados de conformidad con lo que disponen las normas internacionales como el Convenio 169-OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del mundo?. No sólo se trata de una presencia humana, sino también del derecho que le corresponde a ser consultada conforme al ordenamiento internacional de los derechos humanos.

En concreto, la movilización indígena, movilización que viene desarrollándose en las últimas semanas y que la declaración del estado de excepción intenta doblegar, reclama la derogación de nueve decretos extremamente lesivos para indígenas que se aprobaron sin consulta bajo la cobertura forzada de las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Gobierno para ¿facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos?. El primero quedó habilitado durante buena parte del año pasado para promulgar decretos con pleno valor de ley sin control ninguno del Congreso, lo que se aprovechó para dictar unos cuantos contra los derechos de los pueblos indígenas, unos derechos que el propio Gobierno está comprometido internacionalmente a reconocer y garantizar.

En realidad eran once los decretos especialmente lesivos para indígenas, pero la movilización de hace diez meses ya condujo a la derogación de los dos peores. Para dirimir el problema de los restantes, a continuación se organizó en el Congreso una Comisión Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a la Problemática de los Pueblos Indígenas. En diciembre pasado emitió su Informe sobre los Decretos Legislativos vinculados a los Pueblos Indígenas promulgados por el Poder Ejecutivo en virtud de la habilitación dicha. Su recomendación fue la de que se tomara seriamente en consideración la derogación de todo ese manojo de decretos ?por ser contrarios al orden constitucional referido a las comunidades campesinas y nativas, así como al derecho a la identidad étnica y cultural, y a la aplicación e interpretación de tratados?, como principalmente el mencionado Convenio 169, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Frente a la misma posición favorable a acordar la legislación con la Constitución y el derecho internacional, posición que ha venido ganando terreno en el seno del Congreso, el Gobierno ha impedido hasta hoy que se proceda a dicho reajuste del ordenamiento peruano. La AIDESEP ha propuesto la formación de una Mesa de Diálogo entre partes a la que el Gobierno ha respondido con el Estado de Emergencia o, mejor dicho, con las agresiones ¿sin miramientos? que se comenzaron a acometer sin la cobertura de dicha declaración de excepción y así atropellando la Constitución no sólo en cuanto al reconocimiento de derechos indígenas, sino también respecto a las garantías de las libertades más elementales. La declaración de emergencia se vale de la Constitución, que es todavía la fujimurista, para permitir el atropello de todo derecho de personas, comunidades y pueblos indígenas en las zonas que se especifican.

El decreto de declaración de la excepción activa la previsión del inciso primero del artículo 137 de la Constitución, conforme al cual, para el ¿caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la Nación?, ¿dando cuenta al Congreso? y sin necesidad de su consentimiento, ¿puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio? durante el término máximo de sesenta días, prorrogables mediante nuevo decreto, sin más cautela sustancial que la de que ¿en ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie?. El Gobierno no se contenta además con restringir, sino que suspende en su totalidad tales derechos para ¿la ejecución de acciones inmediatas? de un carácter encima militar. Imagínese lo que puede hacerse con todo esto frente a indígenas bajo la presión de las empresas extractoras.

Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, ha descalificado la medida como ¿una clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano?. No es un juicio de intenciones. El decreto de excepción es transparente. Todo su preámbulo se dedica a exaltar el interés público de las empresas extractivas que están topando con una fuerte resistencia indígena en nombre, en cambio, de los derechos. Así de claro se plantea el conflicto por parte del propio Gobierno: intereses contra derechos.

Nota Para antecedentes, pueden verse las entradas ?Nación Camba, Pueblos Indígenas y Derecho Internacional en el Perú? (5/I/2009) y ?Enredo normativo y derechos indígenas en el Perú? (4/III/2009).

* Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas ( http://clavero.derechosindigenas.org/)

ALAI - Correspondencia de Prensa. germain5@chasque.net

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poesia de jimmy calla musicalizado por los Mojarras

CANTO AL MAESTRO Hernán Condori / Jimmy Calla Colana Poema musicalizado por Kachuca y Los Mojarras Interpretado en la fiesta sutepista por el Día del Maestro

Julio de 2005, en el Club de Tiro – Rímac. Soy un maestro que enseña justicia sabiduría y libertad. Así reclamo mi dignidad, a los cuatro vientos, sin miedo de hablar. Desde la cumbre hasta la ciudad soy maestro forjado en el yunque a golpes de libros de acero. Incandescencia del saber primero para bien enseñar. Soy maestro de los nuevos hombres de pobres y ricos de toda edad. Porque merecido lo tengo el respeto me da mi lugar. Miedo no tengo a nada, porque por todo he pasado y hasta prisión por defender a mi pueblo me han dado. Una eterna huelga de hambre por un sueldo malvado, son mis versos y mi canto de fuego de faro. Maestro: Coraje Maestro no es cualquiera. Maestro es amor a primera vista por la humanidad Maestro: Paciencia y lucha por sembrar nuevos bosques con mentes frondosas de niños y hombres que siempre alcen vuelo hacia la justicia y la libertad. Paciencia y lucha por llenarlos de amor de maestro, como el que me enseñó a mí. ¡Gracias maestro!

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