La Prensa y la Justicia en el Perú responde a intereses del genocida Alan Garcìa

Publicidad engañosa Por Augusto Álvarez Rodrich “Un país sin corruptos ni corruptores”.El avance exitoso del operativo judicial y político para desactivar el escándalo de los petroaudios fue bastante evidente esta semana en el Poder Judicial y en el Congreso de la República.Los petroaudios revelaron el plan delincuencial preparado por Fortunato Canaán con el par de secuaces apristas que actuaban como ganzúas para abrir las puertas del sector público, o para lograr que figuras principalísimas del gobierno fueran, muy orondas, a la suite del pirata del Caribe.La investigación fiscal se abrió un día después de la denuncia, pero el avance judicial ha sido a paso de tortuga. El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, dijo que este domingo culminará la primera etapa consistente en “la verificación, deslacrado, adquisición de evidencia forense, copias de seguridad e indexación de todos los archivos contenidos en los bienes incautados a los procesados por este caso”.O sea, no han hecho nada, pues. Si ese ha sido el ritmo de avance en siete meses, se puede concluir que este proceso podría acabar, con suerte, en una década. En todo ese tiempo, no han podido –no han querido, en realidad– conocer el cuerpo del delito a pesar de contar con todo el material, y ya existen denuncias de que este ha sido manipulado.Mientras tanto, se van reduciendo los delitos por los que se acusa a Rómulo León, y decidiendo qué audios e emails no serán pruebas en el juicio. Es previsible que pronto saldrán libres los procesados, tal como ya está la mayoría de autoridades públicas implicadas en ‘el gran faenón’, quienes fueron salvadas gracias a la maniobra del aprofujimorismo en el Parlamento.De otro lado, con la presentación del informe de la comisión para investigar a Petrotech también se avanzó esta semana en el operativo contra los petroaudios. Desde la misma noche en que se hizo la denuncia periodística, la respuesta oficial fue implicar a esa empresa como biombo para tapar el ampay.Las investigaciones a empresas con el fin de garantizar la legalidad de sus actividades siempre deben ser bienvenidas, salvo cuando se hacen para ocultar actos de corrupción, como parece ser el caso de la comisión sobre Petrotech, que empezó con un enredo sobre los fines para los que fue creada, y culminó accidentadamente con el retiro de la firma de dos de los cuatro miembros de un grupo de trabajo donde todos eran del oficialismo o buenos amigos del gobierno.Es irónico que en la misma semana en que los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se confabularon para tapar la corrupción de los petroaudios, el gobierno haya lanzado su campaña publicitaria “¡Queremos un país sin corruptos ni corruptores!”. Qué buena, ah.